Montesquieu
No estoy descubriendo nada nuevo cuando digo que la democracia va mucho más allá de la existencia de elecciones. El hecho de votar, por sí solo, no da democracia. Al igual que no tiene por qué ser democrático un gobierno elegido en las urnas. El ejemplo paradigmático de esto es la Alemania nazi, en la que un gobierno elegido estableció un sistema policial eliminando cualquier atisbo de democracia. La democracia va más allá de emitir un voto cada cierto tiempo.
Es, sin embargo, el Estado de Derecho uno de los principales pilares que sustentan la democracia. Este cimiento fundamental podría resumirse en la igualdad ante la ley y en el sometimiento de todo ciudadano a su imperio, no a la voluntad arbitraria de ningún individuo particular. La ley, como manifestación de la soberanía popular, es la que debe regir para todos de una manera idéntica.
Dicho esto, llama poderosamente la atención lo que acontece en Cataluña. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística vuelven a quitarle por enésima vez la razón a la Generalitat. Los miembros del gobierno catalán, ni cortos ni perezosos, se apresuran a decir que en esa materia no van a acatar ninguna sentencia que contradiga su santa voluntad.
Me gustaría aprovechar estas líneas para recordarles al Molt Honorable Presidente y a todo su Gobierno que son esa misma ley y esa misma Constitución que ellos se empeñan en ningunear las que les permite a ellos gozar de su autogobierno y su autonomía en la región catalana. Me gustaría recordarles que es desde el 1978 cuando se les ha permitido en España, gracias al consenso nacional plasmado en la Constitución, disfrutar de la libertad de legislar en materias de sus competencias, reconocer sus símbolos institucionales y acceder al autogobierno regional.
Es esa misma Constitución que habilita la creación de su Comunidad Autónoma la que le obliga a acatar todas y cada una de las sentencias de los Tribunales de Justicia de España. Ya que, si no están dispuestos a acatar esa parte, ¿por qué debería entonces nadie respetar su autonomía?
Casualmente, el discurso independentista se radicaliza ahora, cuando la impopularidad amenaza la rentabilidad electoral de su gestión: recortes de sanidad, cierres de quirófanos y centros de salud, presuntos casos de corrupción, presunta financiación ilegal de partidos, etc. Cuando más acorraladas se sientes las élites catalanas, más independentistas se proclaman. Nacionalismo instrumental puro y duro.
Por eso mismo es conveniente recordarles de vez en cuando cuál es el origen jurídico y político de su actual autonomía, muchísimo más amplia hoy que en cualquier otro momento de la Historia. Ya está bien de acatar las sentencias a la carta: o se respeta el Estado de Derecho (Constitución incluida) o no. Con todas sus consecuencias.
Es, sin embargo, el Estado de Derecho uno de los principales pilares que sustentan la democracia. Este cimiento fundamental podría resumirse en la igualdad ante la ley y en el sometimiento de todo ciudadano a su imperio, no a la voluntad arbitraria de ningún individuo particular. La ley, como manifestación de la soberanía popular, es la que debe regir para todos de una manera idéntica.
Dicho esto, llama poderosamente la atención lo que acontece en Cataluña. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística vuelven a quitarle por enésima vez la razón a la Generalitat. Los miembros del gobierno catalán, ni cortos ni perezosos, se apresuran a decir que en esa materia no van a acatar ninguna sentencia que contradiga su santa voluntad.
Me gustaría aprovechar estas líneas para recordarles al Molt Honorable Presidente y a todo su Gobierno que son esa misma ley y esa misma Constitución que ellos se empeñan en ningunear las que les permite a ellos gozar de su autogobierno y su autonomía en la región catalana. Me gustaría recordarles que es desde el 1978 cuando se les ha permitido en España, gracias al consenso nacional plasmado en la Constitución, disfrutar de la libertad de legislar en materias de sus competencias, reconocer sus símbolos institucionales y acceder al autogobierno regional.
Es esa misma Constitución que habilita la creación de su Comunidad Autónoma la que le obliga a acatar todas y cada una de las sentencias de los Tribunales de Justicia de España. Ya que, si no están dispuestos a acatar esa parte, ¿por qué debería entonces nadie respetar su autonomía?
Casualmente, el discurso independentista se radicaliza ahora, cuando la impopularidad amenaza la rentabilidad electoral de su gestión: recortes de sanidad, cierres de quirófanos y centros de salud, presuntos casos de corrupción, presunta financiación ilegal de partidos, etc. Cuando más acorraladas se sientes las élites catalanas, más independentistas se proclaman. Nacionalismo instrumental puro y duro.
Por eso mismo es conveniente recordarles de vez en cuando cuál es el origen jurídico y político de su actual autonomía, muchísimo más amplia hoy que en cualquier otro momento de la Historia. Ya está bien de acatar las sentencias a la carta: o se respeta el Estado de Derecho (Constitución incluida) o no. Con todas sus consecuencias.
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