Legitimidad y Negociación con ETA

La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado.

Montesquieu

Negociar o no negociar con ETA ha sido uno de los dilemas a los que han debido enfrentarse los últimos Gobiernos. Se trata del mismo dilema al que ha sido sometida la sociedad que, una vez más, ha encontrado en este debate un motivo de división y fractura. Cuando parecía claro (atendiendo a los pactos antiterroristas, manifestaciones y manifiestos conjuntos por parte de los partidos que representan a la mayoría de la sociedad, etc.) que habíamos acordado el cómo acabar con ETA, la mitad del pacto antiterrorista consideró que el fin de la banda podría llegar sin contar con la otra parte.

El Partido Socialista abanderado por Rodríguez Zapatero consideró cambiar unilateralmente los principios que hasta ahora habían regido en la lucha contra ETA (ahogo económico, acciones policiales, aislamiento de presos, etc.) por otros con más “talante” (negociaciones secretas, consideración de ETA como interlocutor, cese de detenciones, acercamiento de presos, etc.). Una vez decidido este cambio, se puso en marcha el sector mediático que lo respalda (o al menos respaldaba) y comenzó la ardua tarea de intento de legitimación de una negociación, a mi entender, infame, con el resultado de una nueva confrontación y disputa entre españoles demócratas discutiendo si se ha o no de negociar con terroristas, si acabar con ETA es más importante que la contraprestación a obtener. O lo que es lo mismo, si el fin justica los medios.

Yendo más allá de cuestiones electoralistas y partidistas, ¿qué supone una negociación con terroristas? La idea principal es que considerar a los terroristas a un mismo nivel de negociación es una manera implícita de legitimar el terrorismo: si a través de asesinatos, extorsión, coacción, secuestros y otros tantos delitos uno puede sentarse con el Gobierno de la nación a hablar “de tú a tú”, indirectamente estamos reconociendo que esos métodos son legítimos como medios de reivindicación de una serie de políticas o acciones por parte de los Gobiernos. Tratar como interlocutor válido a quien no sólo carece de legitimidad, sino que además tiene a su espalda innumerables crímenes contra la libertad y la democracia no es aceptable.

No se trata de cerrarse en banda en contra de una negociación, pero sí de dejar clara la diferencia de legitimidad, de representatividad y de principios y valores que impulsan a unos y otros, siendo imposible tratar a ambos interlocutores a un mismo nivel. Para que un gobierno se preste a negociar ha debido de definir antes una serie de puntos innegociables: la entrega definitiva de las armas por parte de los terroristas; garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán realizando su actividad normal; el juicio y la condena a todo aquel que haya cometido un delito; y una petición expresa de perdón a las víctimas del terrorismo y al conjunto de la sociedad española por los daños causados. Sin partir de estos principios claros, la negociación se desvirtúa.

Y así ha sido en buena parte: Otegui ha sido considerado “hombre de paz”, se han acercado presos a cárceles del País Vasco, se ha permitido la introducción en las instituciones a un partido político que no condena abiertamente la violencia, etc.

El pueblo español debe mantenerse unido en la lucha contra el terrorismo. Si no seguimos defendiendo los valores del Estado Democrático y de Derecho, el dolor y el sufrimiento de las víctimas y del conjunto de la sociedad española habrán sido baldíos. España debe seguir afirmándose en sus valores y principios. El terrorismo no es un medio legítimo y por ello no debe ser tratado como tal. El cese de ETA es deseado por todos, pero no a cualquier precio. Sabemos ahora, gracias a publicaciones recientes en diarios, que el Gobierno ha mentido a la ciudadanía y que continuó negociando después del atentado de la T4. También hay un proceso abierto por presunta colaboración con banda armada: el famoso caso del bar Faisán. En definitiva, hay una serie de elementos que confirman que el Gobierno no ha actuado con los mecanismos e instrumentos que la democracia facilita. No es reprochable que un gobierno intente acabar con ETA. Lo que sí puede serlo es el precio a pagar por ello.