Filia y Logos

La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional.

John Fitzgerald Kennedy

Siguiendo a Emilio Lledó, éste menciona que los antiguos griegos sostenían que había dos tipos principales de vinculación entre los sujetos de una sociedad: la “filia” y el “logos”. La primera de ellas supone un lazo emocional: un amor o afecto por los semejantes afectados principalmente por la lealtad o la simpatía hacia los otros. La segunda, sin embargo, la relación que presenta es una relación racional, un espacio común donde las representaciones tienden a ser lo más objetivas posibles, una objetivación de estas relaciones, ajenas lo más posible a la emotividad.

Estas dos fuerzas han estado presentes con más o menos intensidad en cualquier sociedad. Los vínculos de lealtad y pertenencia hacen que la sociedad coexista y cree sentimientos de pertenencia, de amor a la comunidad. Esta vinculación “filial” se ve complementada por la racionalización de las sociedades que, a través del “logos”, permiten la elaboración de normas y la búsqueda racional de la mejor forma de organización.

La política y las ideologías fluctúan entre estos dos elementos también. Hay movimientos o ideologías más cercanas a cada una de estas características. Así, es fácil ver el exceso de “filia” en el nacionalismo y pretendemos ver el dominio del “logos” en las democracias parlamentarias.

Esta última afirmación parece clara: los sistemas parlamentarios poseen una cámara (parlamento) donde la deliberación en el proceso de elaboración de las leyes es, a priori, fundamental. Esta cámara está llamada a ser la sede del debate y la confrontación de las ideas. Es el lugar donde mantener una suerte de conversación entre sensibilidades políticas diversas y donde el “logos”, el lenguaje y los conceptos comunes se hacen efectivos. Una parte puede referenciar, enmendar, criticar o alabar el discurso de otro. Y esto sólo es posible si existe ese espacio común de entendimiento que son, en el fondo, la lengua y la cultura.

La pérdida del “logos” en una sociedad supone, por tanto, un problema, en tanto que nos impiden la deliberación y el debate. Nos hace incapaces de hablar un mismo idioma, de unos mismos conceptos, lo que dificulta el posible acuerdo. Una sociedad sin acuerdos no puede derivar sino en una sociedad donde una parte impone a la otra. Estas imposiciones, a su vez, suponen a la larga agravios en los “impuestos”, lo que genera desafección.

España (e imagino que muchos otros países occidentales) en los últimos años ha entrado en una deriva de abandono del “logos”. Este abandono supone el abandono del espacio común y de la conversación. El sustituto está siendo la creación de una política de adhesiones. Uno sólo tiene que ver una sesión parlamentaria o un debate televisivo (entre políticos, sobre todo) para ver que son discursos aislados a los que el ciudadano sólo tiene la opción de sumarse o rechazarlo, pero parece difícil cualquier tipo de enmienda. La disidencia o, incluso, la matización, están cada vez más desterradas de la vida pública. Los partidos políticos son un prototipo de esto que digo, pero no es el único caso.

La perspectiva es algo desaladora, pero no irreversible. Tal vez, como ciudadanos, ajenos a partidos que subsisten cada vez más necesitados de adhesión, deberíamos buscar algún canal o alguna manera de volver a traer el “logos” a la vida pública: la construcción de un espacio común de diálogo, deliberación y debate; y exigir, quizás por la vía del ejemplo, a nuestros representantes que las cámaras de representación abracen, de nuevo, el “logos”.

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La Española Hidalguía de los Nacionalismos Periféricos

Somos engañados por la apariencia de la verdad.

Quinto Horacio Flaco

La hidalguía es una de las atribuciones más recurrentes al carácter español. Desde Pérez-Reverte a Américo Castro han reparado en la tendencia del español a rehuir los trabajos manuales basándose en su distinta condición, en la nobleza de su sangre y en lo ancestral de dicha nobleza (recordemos la importancia de ser cristiano viejo). Siempre ha sido el español propenso a otorgarse títulos, a mirar desde la altura que presuntamente otorga un blasón.

No deja de ser paradójico que este fenómeno se encuentre arraigado también en los movimientos nacionalistas periféricos dentro de España. Llama la atención que en su delirio mitológico, las regiones que exigen una superioridad sobre el resto carezcan precisamente de ese “título” (nacionalidad histórica lo llaman) que les concede una suerte de superioridad moral para justificar su diferenciación sobre el resto, que reside, si analizamos en profundidad, en lo económico. En cierta manera, las regiones españolas que hoy se denominan históricas se asemejan a esos burgueses de los siglos XV y XVI que casaban con familias de nobles venidas abajo para poder así formar parte de una aristocracia.

Para ello, las regiones mal llamadas históricas no cesan en el empeño de “casar” con sus vecinas aristocráticas. Así, las provincias vascongadas miran con deseo al Reino de Navarra y Cataluña (que no pasó de principado) hace lo propio con los Reinos de Valencia y Mallorca, además de atribuirse la mitad de la Corona de Aragón (en lenguaje nacionalista catalana, Corona catalanoaragonesa). La más lista (como casi siempre) ha sido Andalucía, que ya ha conseguido la absorción del Reino de Granada y su completa asimilación.

Queda el panorama español de la siguiente manera: las regiones con menos reivindicaciones históricas posibles son las que se consideran a un nivel casi oficial como “históricas”, poniendo en manos de la historiografía ideologizada la búsqueda de antecedentes que justifiquen su hidalguía, su “historicidad”. No conformes con eso, se empeñan en absorber a sus vecinas, verdaderas regiones con historia, habiendolo conseguido, hasta el momento, sólo Andalucía.

Como ya adelantaba, y era este el motivo de la redacción de esta entrada, no deja de ser curioso que los movimientos que reniegan de España profundicen tanto en un fenómeno español como es la hidalguía y la búsqueda del título para justificar, precisamente, su no españolidad.

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Calpe u Otro Ejemplo de Despilfarro Público

La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente.

Francisco Ayala

Por los pasillos del metro de Madrid me he cruzado con un cartel publicitario de las fiestas de moros y cristianos de Calpe. Ha llamado mi atención porque tiene un colorido intenso y, aunque no hubiera sido así, seguramente lo hubiera leído. El cartel no tenía nada más extraordinario salvo el pequeño detalle de que estaba todo, absolutamente todo, escrito en valenciano. Lo cual me lleva a hacerme una serie de preguntas.

¿Tiene sentido que en Madrid, donde el 100% de la población es castellanohablante haya un anuncio, supuestamente turístico y supuestamente con la finalidad de atraer turistas a las mencionadas fiestas, en una lengua donde nadie habla salvo quizás los valencianos que residen actualmente en Madrid? ¿Cuál es el objetivo del cartel? Si suponemos que es la atracción de gente a las fiestas de moros y cristianos, ¿no es algo elemental incluir la publicidad en el idioma nativo del respecto? ¿Se imagina alguien un panfleto para ir a Alemania de vacaciones escrito íntegramente en alemán? ¿No es un principio básico de la comunicación publicitaria, del marketing, la seducción del posible cliente o respecto del mensaje?

La otra posibilidad es que se trate de propaganda nacionalista, obsesionada en los últimos tiempos con la lengua y la identidad cultural. ¿Qué sentido tiene entonces la publicidad nacionalista a cientos de kilómetros del público objetivo? ¿Por qué gastar el dinero que puede costar una campaña de publicidad de carteles en el Metro de Madrid?

Lo mire por donde lo mire me parece un despilfarro la campaña (amén de legitimidad o moralidad que la acompañe, que sería para otro entrada). Por un lado, es una nefasta campaña de publicidad, y por otro, una nefasta campaña de propaganda, ya que sus posibles votantes no van a estar en el Metro de Madrid.

¿Hay algún responsable político de este despilfarro? ¿Alguien va a pedir cuentas por esta campaña?

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El rigor del vencedor

El que se enamora de la práctica sin ciencia, es como el marino que sube al navío sin timón ni brújula, sin saber con certeza hacia dónde va.

Leonardo Da Vinci

El pasado lunes, un número alto de españoles vimos por televisión lo que se denominó un debate político. El debate definitivo, para ser exactos. Podrían escribirse libros enteros a raíz de lo observado en ese debate. Podría analizarse, por ejemplo, el ajuste a la temática de los candidatos (y sustitutos), la exposición de ideas, la argumentación, el lenguaje no verbal de los mismos, el tono de barra de bar, la tranquilidad o el nerviosismo de los participantes y un largo etcétera.

Sin embargo, y máxime tras llevar tantos meses sin escribir por aquí y pretendiendo que esto sirva más como limpieza de telarañas que otra cosa, me limitaré a una brevísima reflexión tras una serie de cuestiones que creo que hace mucho que no nos hacemos: ¿en qué consiste ganar un debate? ¿Qué esperamos los espectadores de debates electorales cuando consumimos uno? ¿Cómo es posible que Pablo Iglesias con la falta de rigor mostrada pueda erigirse como vencedor del debate?

Desde luego los españoles, en política y en tantos otros ámbitos, hemos desterrado el rigor y la verdad en pos de abrazar de forma descarada el espectáculo y los envoltorios de los mensajes. No hablo yo de gazapos con nombres de consultoras, ni de posibles hipótesis en la aplicación de determinadas políticas o escenarios futuribles, con lo que se puede tener cierta indulgencia. No. Me refiero a falta rigor respecto a cosas cognoscibles, determinadas y ciertas, como los derechos que se incluyen en la Constitución o la naturaleza de los referéndums que ocurren en regiones de España.

Hay cosas opinables y hay cosas que no lo son. Puede tenerse opinión sobre ciertos hechos, o incluso sobre su oportunidad/normatividad (debería ser así, no debería ser así, debería o no haber sido así, etc.). Pero estimo que la falta de rigor sobre hechos objetivos no es excusable. Queremos políticos excelentes, decimos, y nos quejamos cuando no lo son. Pero todo parece indicar, como ya dije alguna vez en este blog, que más que el rigor lo que nos interesa que sea uno de los nuestros.

Si pretendemos rigor, hemos de exigirlo. No me entra en la cabeza querer políticos a la altura y transigir con la falta de rigor. Salvando, por supuesto,que lo que realmente queremos de la política sea otra cosa.

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El fin y los medios en la política española actual

No tardará en transigir con el fin quien está dispuesto a transigir con los medios.

Arturo Graf

Una de las grandes cuestiones de la filosofía es la de si el fin justifica los medios. Especial relieve toma en consideración, o al menos visibilidad, esta pregunta en el ámbito político en el que las sociedades más justas (fines) deben ser soportadas y llevadas a cabo por unas políticas, hechos y acciones concretas (medios).

Aparte de mi consideración particular de que la democracia es un medio que supone un fin sí mismo (respeto a la ley, soberanía nacional, libertades y derechos fundamentales, etc.) cada vez me encuentro más evidente la diferencia en el plano político español entre unos partidos y otros.

Distingo, y vaya por delante que todo esto es una mera reflexión personal y no una verdad científica ni objetiva, de partidos que parecen estar obsesionados con el ganar unas elecciones, a toda costa, para (no lo dudo) llevar a cabo una transformación de la sociedad una vez se haya alcanzado el poder. Los discursos llevan consigo un tinte demasiado electoralista y, en algunas ocasiones, a sus líderes se les ha podido oír hablar de la necesidad de ganar, y que hay que ganar a toda costa.

Pareciera de estos partidos que hubieran pervertido el fin, que se supone que es la transformación social, por el hecho de ganar unas elecciones y alcanzar el poder, que podría suponerse a priori que es un medio.

Por el contrario, distingo otros partidos (uno destaca sobre el resto) en los que veo más nítida la voluntad de transformación de la sociedad por encima de los resultados electorales, en los que no aprecio tanto un discurso sobre la necesidad de ganar y la necesidad de que el cambio en la sociedad se transforme “desde arriba” (desde el gobierno), sino que más bien procuran ser un espejo en el que el resto de fuerzas políticas haya necesariamente que reflejarse.

Estos partidos reciben innumerables críticos, incluso desde sus mismo afiliados. Y tal vez sean estos afiliados los que en cierta manera, mediados por la impaciencia y por el mimetismo con el resto de fuerzas, pierden de vista el fin de la política, que no es sino transformar la sociedad en una sociedad mejor. Cambiar el mundo en definitiva.

Para mí, merecen mucha más admiración y respeto aquellos partidos que conciben las elecciones como algo secundario y que entienden que el mundo puede cambiarse no sólo a través del poder, sino a través del ejemplo. Seguramente una vez alcance el poder, éste los malee lo suficiente como para perder esta esencial, pero me cuesta otorgarles la presunción de buena fe a aquellos partidos (y sus líderes y militantes) que encuentran en el gobierno la única manera de transformar el mundo, la única manera de influir. Y desconfío, porque ya no sé hasta qué punto el fin de se ha desvirtuado de un “cambio de la sociedad” a un “alcanzar el poder”, habiéndo el primero venido a ser un medio en lugar del fin.

La política, como casi todo en la vida, nos sumerge en un mundo particular en el que se hacen perder las referencias. Cuando nos inmiscuimos tanto en algo a veces se nos diluyen los originales objetivos por otros que primeramente fueron meros medios. No sólo ocurre en la política, sino en el arte, en el trabajo e incluso las relaciones. Tal vez por ello se haga imprescindible la filosofía y el pensamiento distante.

En definitiva, desconfío de quien ansia de manera explícita el poder, ya que entiendo que éste no debe ser sino un medio, y veo en este cambio de objetivos/prioridades un peligro de que el poder sea el nuevo fin y su mantenimiento se haga a toda costa. Por eso prefiero aquellos discursos y medidas que van orientadas a un cambio en la sociedad, aunque no sean populares, pero estén guiadas por la razón y el deseo de convertir la sociedad en un sitio mejor. Aunque sea al margen de estar en el gobierno y acariciar de cerca el poder.

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La política española a través de Grecia y Roma

Hay una cosa que se llamaba Occidente y que empezó con Grecia, con Roma

Arturo Pérez-Reverte

De sobra es sabido por todos que la cultura occidental hunde sus raíces en las culturas antiguas de Grecia y Roma. A través de esta entrada me gustaría poner de manifiesto una idea que me viene recurrentemente a la cabeza y que no está basada en más ciencia que mi propia experiencia y observación, por tanto, pido al lector que se entienda como eso: como un mero apunte mental y no como una tesis científica. Tal vez en el futuro, esta idea se desarrolle de manera más profusa en otro texto con la pertinente documentación. Pero de momento no es el caso.

Cuando uno mira hacia el panorama político español quiere ver en las diferentes familias ideológicas (el eje tradicional izquierda-derecha que, a mi modo de entender está desfasado y ha perdido la connotación que pudiera tener, aunque no obstante hoy lo utilizaré para intentar simplificar el discurso) una diferente concepción de la política, teniendo a su vez, y probablemente de manera inconsciente, un antecesor o referencia en las culturas antiguas que arriba se mencionan.

La vida política en la polis griega (Atenas) era una vida activa en la que todo ciudadano libre y natural de la ciudad participaba (o era impulsado a participar) en la vida de la ciudad. La actividad política ateniense tenía lugar en el ágora donde la libertad de expresión gozaba de términos casi absolutos: uno se subía a la tribuna y podía decir prácticamente de todo y el resto de sus conciudadanos atendía o no a sus palabras.

El órgano político principal era la asamblea donde todo ciudadano tenía derecho a la palabra. Es por ello que la palabra empezó a adquirir un valor fundamental, ya que de ella dependía el convencer a sus conciudadanos para la adopción de unas u otras políticas. De esta manera las escuelas de oradores empezaron a ganar adeptos y el estudio de la retórica era necesario para cualquiera que aspirara a ser político en Atenas. Elementos propios de esta época y circunstancia son los sofistas, maestros de la retórica y del arte de la palabra, que acababan por pervertir el mensaje y el contenido a través de adornos verbales (el más acérrimo atacante de este grupo de filósofos es Sócrates).

Por su parte, la vida política de Roma se fundamenta en la ley. Dura lex sed lex resume perfectamente la filosofía romana en ese aspecto. La ley es la ley y es inquebrantable. Puede que sea injusta, pero es ley, emana del poder legítimo y ha de ser acatada a toda costa.

Pariente cercano de este principio es el exceso rigor formalista del derecho romano en el que todo ha de quedar avalado por testigos y cuyos procedimientos, todos ellos muy rituales, han de ser llevados a cabo de manera estricta, so pena de quedar anulado por error en el procedimiento. Cualquier negocio jurídico es ritualizado. Los contratos son típicos. Todo queda regulado. Y en el derecho público y/o político tres cuarto de lo mismo: las instituciones son intocables y los actos de proclamación de cargos políticos solemnes.

¿No se saltaban los romanos acaso las leyes? Por supuesto que sí, pero que mientras que los griegos fundamentaban el cambio legal o el incumplimiento de las leyes en la justicia y persuadían (no siempre de manera limpia y lícita) a sus conciudadanos; en Roma las trampas legales se basaban en la propia ley, en interpretaciones retorcidas y en lagunas legales.

Una vez expuestas de manera somera y nada documentada las tradiciones políticas de unos y otros, ¿acaso la izquierda española no recuerda a la tradición griega en cuanto a continuas apelaciones a la justicia y derechos no positivados, continuas florituras en los discursos apelando a esa misma justicia y a la bondad, y con una tendencia a la asamblea? Y por otra parte, ¿no recurre de manera casi automática la derecha española a la ley y todo argumento político se basa en disposiciones legales que dicen tal o cual?

Por todo lo expresado es por lo que considero que la izquierda española, en materia política, bebe de la tradición griega mientras que la derecha lo hace de la romana. Vaya por delante que no hay opinión axiológica en lo escrito sino una mera observación continuada de actuaciones de unos y otros además de la comparativa con las tradiciones clásicas. Ya que cada cual opine lo que quiera.

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Uno de los Nuestros

No delates a tus amigos y mantén la boca cerrada

De la película “Uno de los Nuestros” 

En esta ocasión no se trata de ninguna reseña cinematrográfica, sino de una realidad que cada vez se hace más patente en España: lo importante no es el pensar de una determinada manera o subscribir una serie de principios, sino pertenecer a un grupo (ideológico o no). Lo importante no es que compartamos una serie de valores y premisas, sino que milites en un determinado grupo. En definitiva, que seas uno de los nuestros.

Esto es lo que cabe concluir después de haber visto las esperpénticas imágenes de sindicalistas vociferando a una Juez por el hecho de imputarle una serie de delitos a otros sindicalistas. No siente decepción, o al menos un cierto recelo o sospecha, porque uno de sus miembros está en el punto de mira de una instrucción judicial. Todo lo contrario, surge entonces el afán de defender al que milita donde nosotros, a uno de los nuestros.

No es un fenómeno genuinamente sindical este que nos atañe, aunque es paradigmático el caso. Se trata de un fenómeno muy español, muy nuestro, el de conformarnos una serie de prejuicios en función del grupo en que milita. E incluso más allá, tenemos los españoles una gran tendencia a aspirar a conocer todo el pensamiento de una persona por una mera opinión vertida sobre un tema “ideológico”.

Dos motivos se me ocurren para tan simple análisis: o bien nosotros somos tan sumamente simples que sólo podemos comprender el mundo y los fenómenos sociales y políticos desde dos perspectivas (los buenos y los malos) y, para ello, hemos de encasillar a todo sujeto en uno de sus bandos sin plantearnos de manera remota si quiera la posibilidad de que puedan existir personas con un criterio propio; o bien desconfiamos de manera tan exagerada de la capacidad del vecino que creemos a pies juntillas que éste sólo puede aspirar a ser de los unos o de los otros, negándole la opción de poseer un criterio propio. Una tercera opción, desde luego, es que concurran a la vez un poco de todo.

Tal vez un poco de raciocinio y serenidad en los debates y reflexiones no nos vengan nada mal. Apartar por un momento el encasillamiento sistemático entre buenos y malos en virtud exclusivamente del lado de la línea en que nos encontremos, procurando construir un mensaje u opinión con base en unos criterios más o menos absolutos, en el sentido en que no dependa de quien los sostenga sino de los argumentos o razones en sí, dándole el calificativo de bueno y de malo a los hechos por sí, y no dependiendo del grupo que los lleve a cabo o defienda.

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Una Oportunidad Perdida

El sentido moral es de gran importancia. Cuando desaparece de una nación, toda la estructura social va hacia el derrumbe.

Alexis Carrel

Y ya van unas cuantas. España, ese Imperio en el que no se ponía el sol, aunque sus miserias siguen siendo las mismas: fanatismo, corrupción y falsa hidalguía. Uno mira hacia atrás en la Historia de España y todo lo que evoca podría ser una escena cotidiana de la misma España del siglo XXI. Los españoles seguimos siendo los mismos.

Pero esta vez podía haber sido diferente. Estaban todos los ingredientes, el ánimo del pueblo, un referente del que huir, el ansia de democracia y el espíritu henchido de querer mirar hacia delante, de querer salir de ese lastre histórico. Recibimos, además, apoyo internacional, europeo sobre todo. El odio entre paisanos parecía haberse desterrado: los exiliados regresaban, todas las opciones políticas iban siendo incluidas en la construcción de la nueva España, una voluntad de construir un nuevo país. Pero esa oportunidad, más clara incluso que la de 1898, parece haberse esfumado también. Y mucha de la culpa la tenemos nosotros, la ciudadanía, que se ha dejado embaucar en el juego de buenos y malos, que no era otra variante del “pan y circo”, consintiendo barbaridades a “los nuestros” y siendo peores que la secta de los maniqueos para con “los otros”.

Nosotros, los ciudadanos, nos hemos dejado engañar por unas élites políticas que han conseguido hacer pasar la mediocridad por democracia, el cinismo por política y los abusos desde el poder por necesarios. Hemos consentido el enchufismo, la partidización de todas las instituciones del Estado, la corrupción (que siempre es moral), en definitiva.

Hemos llegado a ser ese país que entra en cólera cuando el portero titular es sentado en el banquillo, pero que permanece inmune, como dice Pérez-Reverte, ante Diputados que no tienen ni el graduado escolar. ¿Por qué en el deporta se acepta que sólo puedan jugar los mejores y no se acepta esto mismo en otras facetas de la vida político y social? Somos un país que ve normal que una persona sea alcalde con cinco imputaciones penales.

Parece que el único consuelo que nos queda en este país es el deporte, lo cual da un halo (mínimo, pero halo al fin y al cabo) de esperanza. Dice, de alguna manera, que sabemos trabajar duro, que sabemos luchar, y que podemos ser un gran país. Sólo que en el deporte no consentimos que a nuestro equipo de Primera División lo entrene alguien cuya categoría habitual es Tercera División, y para el resto de cosas, nos conformamos y a veces elegimos de categorías aún inferiores.

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Leyes naturales de la Historia de España

Comparto hoy un texto extraído de libro de Pedro Voltes titulado Historia Inaudita de España, el cual ofrece una visión apócrifa de nuestra historia nacional. En el mismo, hay un apartado con diez leyes naturales acerca de nuestra historia y de los españoles y que, en mi opinión, gozan aun de actualidad. Copio sólo tres, que me parecen las más certeras y auténticas. Hago notar que la edición que manejo es de 1992.

Ley octava. – Todo régimen imperante en España ha designado como enemigos suyos a cierta multitud de españoles.

Ley novena. – Los criterios de conducta menos exigentes desalojan en España a los más exigentes. (Transposición a lo político social de la Ley de Gresham de que la mala moneda expulsa de la circulación a la buena). De acuerdo con este norma, en la vida colectiva española las gentes se conducen conforme a la tabla de los valores más estimados por la masa. Los superiores imitan a los inferiores.

Ley décima. – En la vida histórica española no se cumple siempre el “principio de Peter” de que todo empleado inserto en una jerarquía tiende a ascender hasta el novel de su incompetencia. Aquí se puede seguir ascendiendo mucho más arriba del nivel de incompetencia. Cabe incluso que, si el fracaso causa algún efecto calificativo, sea en son favorable y simpático. Nada está peor visto que la capacidad y el éxito.

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Derecho a Decidir

La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten. Si un ciudadano tuviera derecho a hacer lo que éstas prohíben, ya no sería libertad, pues cualquier otro tendría el mismo derecho. 

Montesquieu

Parece, por lo que vengo escuchando y leyendo últimamente, que el único componente de la democracia es el denominado “derecho a decidir”, que, además, este derecho se configura de manera absoluta y que es de aplicación directa. Tal vez la más reciente y sonada apelación a dicho derecho se haya producido en Cataluña, que basándose en lo antes expuesto, habla abiertamente (al menos una parte de la sociedad catalana) de secesión.

El derecho a la decisión, que tan romántico sueno en boca de quien lo pronuncia, no supone, ni puede suponer, la aprobación sistemática por parte del que lo ejerce de toda actividad tanto pública como privada que tenga a éste como protagonista. No todo, incluso en democracia, puede estar sometido a la aprobación. Si por el contrario así fuera, podríamos vernos en situaciones perjudiciales para el interés general. ¿Quién no se negaría a pagar impuestos?

El problema aquí es la territorialidad, dirán algunos: que los ciudadanos de un territorio tienen derecho a decidir sobre su territorio. Decidir sobre lo propio, al fin y al cabo. Pero, ¿dónde está el límite de la territorialidad? ¿Tendrían los comerciantes y habitantes de Camino de Ronda derecho a decidir si el metropolitano de Granada debe pasar por su calle?

La respuesta a esta última pregunta nos parece obvia: las decisiones han de ser tomadas por los gobiernos, en pos del interés general, aunque los residentes y trabajadores de Camino de Ronda se nieguen. Son los gobiernos (local y regional en este caso) los que deciden sobre los gobernados, sin que quepa el negarse por parte de los afectados. ¿O acaso tendría derecho que su rechazo paralizara un proyecto que afecta a toda la capital granadina y parte del cinturón?

Pues algo similar ocurre con Cataluña. En 1978 se aprobó la Constitución con un amplio respaldo de la población catalana. Ese pacto que supone la Carta Magna implica que las decisiones que afecten a una parte de la nación no pueden ser decididas exclusivamente por los que habitan en el territorio, sino por el conjunto. Y para ser más precisos, en nuestro caso concreto, por los representantes democráticamente elegidos.

Es por ello que considero que quienes se amparan en un “derecho a decidir” (al menos no como se plantea actualmente, en el sentido territorial arriba descrito) lo hacen sin consistencia ninguna, ya que dicho derecho no queda consagrado en ninguna fuente jurídica. Las proclamas que apelan a dicho derecho lo hacen, pues, sin consistencia jurídica alguna.

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A vosotros (políticos) os hemos formado en interés del Estado tanto como en el propio vuestro, para que seáis en nuestra República nuestros jefes y vuestros reyes.

Platón 

No es pequeño el clamor que existe contra la “politización” de todo. Las cajas de ahorro, las universidades, sindicatos y así un sinfín de instituciones, más civiles que políticas, que han desviado el desempeño de sus funciones hacia otras serie de objetivos distintos para los que se crearon se consideran “politizadas”, cuando realmente lo que están es “partidizadas”.

Aunque sé, por supuesto, lo que hoy día “politización” quiere significar, entiendo que el concepto está mal empleado y que lo que realmente se quiere decir es “partidización”, es decir, poner al servicio de un determinado partido o ideología estructurada los recursos, decisiones y acciones de las instituciones en cuestión.

Si miramos la etimología y origen de la palabra “política” nos podemos dar cuenta de que éste significa “relativo a la polis”, es decir, a la ciudad. Este concepto de origen griego puede extrapolarse perfectamente, debido al cambio de las estructuras organizativas, al Estado. Podríamos hablar de política como “de lo relativo al Estado”.

El Estado dejó de ser hace ya el conjunto de estructuras formales burocráticas que garantiza la seguridad de sus ciudadanos y recauda y gestiona sus impuestos. El Estado pasó a ser una nación cuya soberanía reside en el pueblo, en el conjunto de los ciudadanos, y por ende, en el conjunto de sus instituciones.

A lo que quiero llegar es a que el hecho de hacer política, el hecho de influir en la nación, afecta no únicamente a las instituciones del poder político, sino que la capacidad y la responsabilidad de hacer política, de intervenir en los asuntos de la nación, corresponde a cada ciudadanos y a cada una de las instituciones del país. La política, prácticamente, es omnipresente.

Lo siguiente que hemos de ver es cuál es el objetivo de la política, qué se espera de ella. Cuando alguien hace política (en cualquiera de sus ámbitos y niveles) y gestiona unos determinados recursos debe tener claro cuál es el objetivo que persigue, qué es lo que pretende conseguir. Y es aquí donde se produce la desavenencia de los conceptos: se hace política cuando se persiguen los objetivos del conjunto de la nación, y se es partidista cuando se antepone el partido a todo lo demás.

Por eso no considero que el hecho de que miembros de partidos políticos formen parte de instituciones sea malo porque sí. El problema llega cuando éstos, en el desempeño de los cargos institucionales, desplazan los intereses generales por los suyos particulares, ya sea esta particularidad individual o colectiva.

El problema no es que una ideología (a través de las personas que la siguen y de las estructuras que las soportan) llegue a las instituciones. El problema es que una vez en ellas olviden el sentido de dichas instituciones y pongas ésta al servicio de unos intereses concretos, bien alejados del interés general. Los partidos han de comprender que son medios para hacer política, no fines en sí mismos.

Por lo tanto, y aunque hoy la única garantía para evitar la “partidización” parezca esa, no se trata tanto de que los partidos no intervengan en las instituciones, sino de que las respeten, busquen de entre sus miembros los más aptos para liderarlas y hagan así política, procurando siempre el interés general.

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La Generalitat y su particular concepto de democracia

La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.

 Montesquieu 

No estoy descubriendo nada nuevo cuando digo que la democracia va mucho más allá de la existencia de elecciones. El hecho de votar, por sí solo, no da democracia. Al igual que no tiene por qué ser democrático un gobierno elegido en las urnas. El ejemplo paradigmático de esto es la Alemania nazi, en la que un gobierno elegido estableció un sistema policial eliminando cualquier atisbo de democracia. La democracia va más allá de emitir un voto cada cierto tiempo.

Es, sin embargo, el Estado de Derecho uno de los principales pilares que sustentan la democracia. Este cimiento fundamental podría resumirse en la igualdad ante la ley y en el sometimiento de todo ciudadano a su imperio, no a la voluntad arbitraria de ningún individuo particular. La ley, como manifestación de la soberanía popular, es la que debe regir para todos de una manera idéntica.

Dicho esto, llama poderosamente la atención lo que acontece en Cataluña. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística vuelven a quitarle por enésima vez la razón a la Generalitat. Los miembros del gobierno catalán, ni cortos ni perezosos, se apresuran a decir que en esa materia no van a acatar ninguna sentencia que contradiga su santa voluntad.

Me gustaría aprovechar estas líneas para recordarles al Molt Honorable Presidente y a todo su Gobierno que son esa misma ley y esa misma Constitución que ellos se empeñan en ningunear las que les permite a ellos gozar de su autogobierno y su autonomía en la región catalana. Me gustaría recordarles que es desde el 1978 cuando se les ha permitido en España, gracias al consenso nacional plasmado en la Constitución, disfrutar de la libertad de legislar en materias de sus competencias, reconocer sus símbolos institucionales y acceder al autogobierno regional.

Es esa misma Constitución que habilita la creación de su Comunidad Autónoma la que le obliga a acatar todas y cada una de las sentencias de los Tribunales de Justicia de España. Ya que, si no están dispuestos a acatar esa parte, ¿por qué debería entonces nadie respetar su autonomía?

Casualmente, el discurso independentista se radicaliza ahora, cuando la impopularidad amenaza la rentabilidad electoral de su gestión: recortes de sanidad, cierres de quirófanos y centros de salud, presuntos casos de corrupción, presunta financiación ilegal de partidos, etc. Cuando más acorraladas se sientes las élites catalanas, más independentistas se proclaman. Nacionalismo instrumental puro y duro.

Por eso mismo es conveniente recordarles de vez en cuando cuál es el origen jurídico y político de su actual autonomía, muchísimo más amplia hoy que en cualquier otro momento de la Historia. Ya está bien de acatar las sentencias a la carta: o se respeta el Estado de Derecho (Constitución incluida) o no. Con todas sus consecuencias.

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Educación y Ciudadanía

El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos, y no para ser gobernados por los demás.

 Herbert Spencer

Con motivo de los recortes presupuestarios que se han llevado a cabo en materia de educación, el debate sobre la misma vuelve a ser de primer orden. La intención de mis palabras es hacer un aporte a ese análisis, incidiendo en puntos importantes que, considero, están siendo pasados por alto.

Prácticamente toda las críticas que he leído llevan una orientación monetaria, netamente materialista: todo se reduce a dar una estadística y una serie de datos acerca del número de horas de docencia de los profesores, la ratio de alumnos por clase, el gasto por alumno, el porcentaje del presupuesto, etc., quedando al final toda discusión reducida a quién gasta más en qué y quién ha recortado más y cómo.

La educación en España atraviesa una crisis, desde luego, aunque yo discrepo en que ésta sea causa del dinero en ella invertido. ¿Cuánto dinero se gasta hoy más que hace treinta años? ¿Acaso acaban los escolares sus estudios con más conocimientos y con mejor preparación para el mundo que les espera que entonces?

Una de las cuestiones que afectan a la educación es que hemos perdido de vista el fin que ésta persigue. ¿Cuál es el objetivo del sistema educativo? ¿Qué se persigue con él? El sistema educativo, o así lo estimo, no ha de ser una especie de terapia ocupaciones, un pasatiempo para las mañanas de los adolescentes, que es en lo que ha acabado por convertirse. La educación es la herramienta fundamental que tiene un país para generar ciudadanos, para otorgarles a éstos las capacidades y habilidades necesarias para, en un futuro, poder manejarse en la realidad por sí solos. El objetivo último de la educación es emancipar a su juventud, hacerlos libres en el futuro.

Pero, ¿estamos realmente en esa tesitura? Todo parece indicar que no. Resulta sorprendente que en una democracia no se den nociones básicas de Derecho y de sistema político a los que luego serán sus ciudadanos. ¿Cómo puede alguien formar parte plenamente de un sistema cuyo funcionamiento desconoce por completo? Ha de enseñarse qué es la libertad, qué es la democracia y qué mecanismos se tienen para ejercerla.

Es increíble que el único aprendizaje que se haga de la Constitución sea con motivo de su efeméride, y que éste, además, no sea una lección como tal, sino que se reduzca, en el mejor de los casos, a un recital de artículos, sin que nadie los diseccione, los explique, les de forma y les muestre su utilidad e importancia. ¿Cómo alguien va a ejercer sus derechos si no los conoce?

Para que España como nación prospere es necesario que prosperen sus ciudadanos. Para esto, es fundamental darles a ellos los elementos básicos, las herramientas básicas. La ignorancia política y jurídica sólo beneficia al poder. La preservación de la democracia pasa por el fomento de conciencias críticas y libres. Y uno de los lugares donde ello ha de llevarse a cabo con especial ahínco es en el seno del sistema educativo.

Por eso, hemos de exigir que la educación sea de calidad. Pero no nos confundamos: la calidad no se mide en dinero, sino en resultados. Y es ahí donde nos hemos desviado en los últimos años, donde hemos mirado hacia otro lado, arrastrados por la inercia de la euforia económica, relegando a secundario el contenido de la enseñanza, prefiriendo para nuestros hijos el aprobar al conocimiento, olvidándonos que educar significa, realmente, crear seres libres.

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El Respeto a la Jornada de Reflexión

No puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer una revolución.

Gilbert Keith Chesterton

En vista de las manifestaciones que han empezado a tener en lugar en muchas ciudades de España a partir del pasado 15 de mayo, y ante la proximidad de unas elecciones municipales se plantea la siguiente cuestión: ¿han de seguir las manifestaciones, concentraciones o acampadas durante la jornada de reflexión y durante el día de las elecciones?

Mi opinión es que no, que al hacerlo, se estaría cometiendo el mismo error o despropósito que se denuncia: atropellar a la democracia, esto es, saltarse las reglas del juego, los procedimientos establecidos y las normas acordadas.

Si la jornada de reflexión tiene el objetivo de dejar que cada cual piense y medite sobre el sentido de su voto, no parece ni democrático ni ético intentar influir sobre el voto en ese día (aunque la influencia sea en sentido negativo, es decir, animando a no votar a ciertos partidos políticos). Si finalmente ocurriera, sería la segunda vez en menos de diez años que la jornada de reflexión se viera violentada.

Por ello, insisto, aunque el fondo de las manifestaciones sea del todo loable y sea necesario un cambio en la democracia española, creo que este cambio ha de hacerse por los cauces que hay para ello establecido, siendo uno de ellos la manifestación del domingo 15 de mayo. El respeto a la jornada de reflexión no es sino el respeto a la propia democracia.

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Los Mejores Colegios de España

Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida.

Lao-tsé

En la lista de los cien mejores colegios de España no hay ninguno público. ¿Es tolerable esto? ¿No deberían ser los públicos, con diferencia, los mejores, y más teniendo en cuenta la financiación por parte del Estado? ¿Cuántos políticos llevan a sus hijos a colegios públicos? La educación no es el punto fuerte de ningún partido político. Por mucho que se empeñen en disimular.

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De las Izquierdas y las Derechas

Cuando se exagera un sentimiento, desaparece la capacidad de razonar.

Gustavo Le Bon

La política española tiene bastantes vicios. Uno de ellos es el inevitable parecido de los partidarios políticos a las hinchadas de fútbol: fanatismo, sentimiento de pertenencia, odio al adversario. Alguna vez he escrito en este blog sobre la relación que hay en España de política con sentimentalismo, con los sentimientos, con lo racional.

A mi entender, la política debe ser algo racional. Debe éste buscar la manera de optimizar el bienestar de los ciudadanos. Para ello, han de planificarse una serie de medidas, propuestas y principios con los que la sociedad pretenda mejorar. La política ha de ser la búsqueda del bien común, de la gestión de la “polis”, de la optimización de recursos.

En España, sin embargo, la política está basada en la lucha de dos enemigos irreconciliables: el equipo de la izquierda o el equipo de la derecha. La actividad política en España se desarrolla desde el sentimiento de pertenencia al grupo y, por ende, del odio al adversario. Lo que menos importan son las ideas concretas, lo importante es de donde vienen. La guerra es diferente si el Gobierno es de izquierdas o de derechas; al igual que la subida de los impuestos, o cualquier otra política que ambos sectores políticos hayan de determinar tarde o temprano: para alguien de izquierdas es intolerable cualquier medida que venga de la derecha, y viceversa.

Existen también los disidentes, por diversos motivos, del “equipo” oficial, aquellos que afirman: “yo no soy del PP, pero soy de derechas, ¿eh?”, o viceversa de nuevo. También está aquella de “de la crisis se sale por la izquierda”. Y yo pregunto, ¿qué es ser de derechas?, ¿qué es ser de izquierdas?

Hasta que no enterremos este caduco romanticismo ideológico sobre nuestra filiación política y comencemos a entender la política como algo racional, no podremos evolucionar. Hasta que la política no deje de ser un sentimiento, no podremos pensar en qué es lo mejor para el país, en qué conviene más a los ciudadanos y en qué nos hace progresar.

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El Desgaste de las Instituciones Democráticas

Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia

Alfred Emanuel Smith

Leo y escucho muchas críticas hacia los políticos tras los últimos casos de corrupción destapados. No son ataques contra un político en concreto, e incluso no lo son contra el partido contrario (sí, en España existe un bipartidismo visceral). Se trata de un ataque contra la “clase política” en general, contra la casta, contra la categoría profesional política, y, francamente, me preocupa.

Perder el respeto a los políticos lleva detrás de sí una consecuencia más grave: desconfianza y desencanto con las instituciones que representan. Son los políticos los que ocupan los sitios de las instituciones y por tanto es a ellos a quienes se relaciona con ellas. Además, casi ninguno de ellos ha mostrado nunca interés en separar a la institución democrática del Estado con el partido. Es más, puede casi afirmarse que se ha fomentado lo contrario, la fusión del cargo con el partido la asignación de los escaños y puestos de representación al grupo político antes que a las personas. La prueba de esta confusión es en que la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la hace el Secretario de Organización del partido, y no el portavoz del Gobierno, como debiera.

La pérdida de respeto y confianza en las instituciones democráticas no puede llevar consigo sino un desgaste de la misma democracia. Las instituciones son la cara del sistema democrático, son el poder legitimado a través de la democracia. Por tanto, si perdemos la confianza en ese poder democrático, estamos perdiendo la confianza en la propia democracia.

Muchas son las diferencias con respecto de los años 30 (existe una Unión Europea, la presencia e importancia del ejército en la vida civil se ha reducido considerablemente, etc.) pero si las democracias cedieron ante las dictaduras en aquellos años, mucho se debió al desencanto por la democracia que se vivió en aquellas sociedades, por el desgaste de las instituciones democráticas. Y este desgaste del sistema democrático no es más que un nido de populistas autoritarios. Hitler es el mejor ejemplo de esto que digo.

No tiene que llegarse al extremo del nazismo para que la democracia se pervierta. La politización de la Justicia, la inexistencia de unos sindicatos libres e independientes que defiendan al trabajador, la falta de democracia en las elecciones de candidatos a las instituciones, la limitación del ciudadano en las decisiones que realmente le afectan, la falta de transparencia en las instituciones, la duplicidad de administraciones, etc. son síntomas de una democracia incompleta o enferma.

Nada es definitivo aún. Todavía estamos a tiempo de sanarla. La fórmula es bien sencilla: más democracia, como ya enunció Alfred Emanuel Smith. Pero como los ciudadanos sigamos mirando para otro lado y riéndole la gracia a quienes viven a costa de nuestros impuestos sin más preocupación que sus propios intereses y sin más argumento y bandera que una ideología caduca y anacrónica, puede que en un futuro próximo lamentemos, como hizo Alemania en su día, haber entregado tácitamente la democracia y la libertad a unos pocos, que pese a predicar sobre el bien de la nación y la sociedad, no habrían mirado más allá de su propio ombligo y ambiciones.

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Libertad de reunión

Tras haber visto un vídeo en Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=EO1nlpoOhUo) y contemplar como un Policía Local de la Ciudad de Granada expresa, textualmente, que “No sé permite la concentración de personas en espacios públicos”, me surgen algunas cuestiones sobre la democracia, la Constitución y la libertad en España:


1. ¿Cómo puede, en caso de que lo que diga el Policía es cierto y esté reflejada en un Ordenanza Municipal, ir una ley Municipal en contra de la Constitución de un país?
2. ¿Quién controla las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos?
3. ¿Quién protege los derechos Fundamentales (en este caso el artículo 21) de los ciudadanos ante estos abusos?
4. ¿Qué mecanismo tiene el ciudadano para denunciar y abolir estas Ordenanzas Municipales?
5. ¿Es el “Orden Público” prioritario a la Libertad de los Ciudadanos?
6. ¿Cómo se compensa a los ciudadanos que se han visto perjudicados por esta Ordenanza Municipal en el caso de que algún día se demostrara la inconstitucionalidad de la misma?
7. ¿Por qué el acceso al Constitucional es tan restringido?
8. ¿Son los Ayuntamientos pequeñas dictaduras?
9. ¿Pasa igual con las Autonomías?
10. ¿Alguien controla la constitucionalidad de las Administraciones Públicas Menores?
11. ¿A alguien le importa que esto se controle?

Como epílogo dejo el artículo 21 de la Constitución Española de 1978.

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

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Lo que Realmente Importa

La política es la conducción de los asuntos públicos para el provecho de los particulares.

Ambrose Bierce

Debería haberme ya acostumbrado a este tipo de cosas, pero el caso es que no llego a hacerlo. Aunque me pille un poco lejos el meollo de la cuestión, Internet hace posible que pueda leer la prensa española todos los días e incluso escuchar la radio, por lo que mi información es casi la misma que si estuviera allí. Tal vez lo único que difiera es el runrún de la calle, que no alcanzo a oírlo.

Todo esto viene al caso de las últimas declaraciones del señor alcalde de Valladolid. De repente, después de todo lo que estamos acostumbrados a ver y a oír, la cuestión primera de la actualidad española es que el mencionado alcalde se mofe de los “morritos” de la señora Ministra de Sanidad. A nadie le cabe duda de que su actuación no fue lo que se puede denominar correcta, pero ¿es para tanto?

Realmente no. Realmente son unas declaraciones como otras tantas se hacen a lo largo de los días y de los tiempos, y más en política; pero el momento es sin duda el más apropiado. Me sorprende que a menos de una semana de la remodelación del Gobierno no se traten los temas de cómo de buenos o malos son o serán los nuevos ministros, de cómo de bien o mal está el país (con este “magnífico” veinte por ciento de paro, decrecimiento económica, la deflación siempre acechando, etc. ), sino que toda la actualidad política, todos los centros de las tertulias y las noticias de los periódicos es si la Ministra de Cultura saluda o no al Alcalde de Valladolid o si Rajoy, según el señor Blanco, es igual de “machista” por no condenar al señor León de la Riva.

Y así se nos van los días en la política española: hablando de cosas que realmente no son importante, no son trascendentes, salvo para uno o para dos (en este caso la señora Ministra y el Señor Alcalde). Y el Gobierno, encantado de que no se hable de su pésima gestión, nos saca a la palestra día tras día sandeces acerca de declaraciones que no tienen ninguna utilidad ni nada ayudan o perjudican al país. Son netamente vacías. Venga sacar humo para esconderse detrás.

Lo que me cuesta más comprender es cómo los medios de comunicación van detrás de estas pamplinas y cómo la bola de nieve crece por momentos. Quizás sea porque nosotros, los ciudadanos, les damos cancha. Parece que en esta España de rojos y azules cualquier excusa es buena para lanzar un dardo al adversario político, aunque el país esté al borde la zozobra. Lo importante es que ellos se hundan antes que nosotros, pensamos, incapaces de darnos cuenta de que todos vamos en el mismo barco.

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La Insumisión Catalana

La salud del pueblo está en la supremacía de la ley.

Marco Tulio Cicerón

Que España no es el país modelo de la democracia es algo que ya sabíamos, pero que se consientan declaraciones por parte de un consejero de un autonomía como las del señor Huguet, y que esa persona siga formando parte del entramado institucional de un país no tiene cabida en ningún país que aspire a ser un Estado de Derecho.

El señor Huguet no ha dicho ni más ni menos que lo siguiente: “la única forma de no volver atrás y de que la convivencia no se rompa, es incumplir sistemáticamente cualquier sentencia de estas [Sentencias del Tribunal Constitucional]”. ¿Cómo es posible que un Estado, o una parte del mismo (en este caso una Comunidad Autónoma) puede hacer pública y sin consecuencia política ninguna la insumisión a uno de los tres poderes del Estado?

Desde luego, si este fuera un país serio, democrático y de Derecho; el Presidente de la Generalidad catalana hubiera cesado a este consejero. Y si éste no lo hubiera hecho, el Gobierno central tendría que haber actuado de alguna de las maneras, en último extremo, suspendiendo la autonomía. El gobierno catalán, animado por la impunidad de sus declaraciones y hechos, mantiene continuamente una actitud de insumisión ante la Ley y el Estado. Cosa que no puede degenerar sino en más y mayores conflictos.

Si para acceder a la autonomía Cataluña aceptó la Constitución, que esta aceptación y asimilación sea en todo su articulado. El artículo 153 de la Constitución dice claramente, en su apartado a), que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Tribunal Constitucional. Si Cataluña no acepta este punto, tampoco es aceptable su autonomía.

No pueden modificarse los acuerdos de manera unilateral, ni se puede elegir qué parte de los pactos se cumplen y cuáles no. Si Cataluña optó por la autonomía, que asuma todas las condiciones, y la primera y más importante de ellas fue el acatamiento de la Constitución.

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