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28 agosto 2017
Tadeo Jones en Granada
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28 junio 2012
La Generalitat y su particular concepto de democracia
Es, sin embargo, el Estado de Derecho uno de los principales pilares que sustentan la democracia. Este cimiento fundamental podría resumirse en la igualdad ante la ley y en el sometimiento de todo ciudadano a su imperio, no a la voluntad arbitraria de ningún individuo particular. La ley, como manifestación de la soberanía popular, es la que debe regir para todos de una manera idéntica.
Dicho esto, llama poderosamente la atención lo que acontece en Cataluña. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística vuelven a quitarle por enésima vez la razón a la Generalitat. Los miembros del gobierno catalán, ni cortos ni perezosos, se apresuran a decir que en esa materia no van a acatar ninguna sentencia que contradiga su santa voluntad.
Me gustaría aprovechar estas líneas para recordarles al Molt Honorable Presidente y a todo su Gobierno que son esa misma ley y esa misma Constitución que ellos se empeñan en ningunear las que les permite a ellos gozar de su autogobierno y su autonomía en la región catalana. Me gustaría recordarles que es desde el 1978 cuando se les ha permitido en España, gracias al consenso nacional plasmado en la Constitución, disfrutar de la libertad de legislar en materias de sus competencias, reconocer sus símbolos institucionales y acceder al autogobierno regional.
Es esa misma Constitución que habilita la creación de su Comunidad Autónoma la que le obliga a acatar todas y cada una de las sentencias de los Tribunales de Justicia de España. Ya que, si no están dispuestos a acatar esa parte, ¿por qué debería entonces nadie respetar su autonomía?
Casualmente, el discurso independentista se radicaliza ahora, cuando la impopularidad amenaza la rentabilidad electoral de su gestión: recortes de sanidad, cierres de quirófanos y centros de salud, presuntos casos de corrupción, presunta financiación ilegal de partidos, etc. Cuando más acorraladas se sientes las élites catalanas, más independentistas se proclaman. Nacionalismo instrumental puro y duro.
Por eso mismo es conveniente recordarles de vez en cuando cuál es el origen jurídico y político de su actual autonomía, muchísimo más amplia hoy que en cualquier otro momento de la Historia. Ya está bien de acatar las sentencias a la carta: o se respeta el Estado de Derecho (Constitución incluida) o no. Con todas sus consecuencias.
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17 junio 2012
Educación y Ciudadanía
Con motivo de los recortes presupuestarios que se han llevado a cabo en materia de educación, el debate sobre la misma vuelve a ser de primer orden. La intención de mis palabras es hacer un aporte a ese análisis, incidiendo en puntos importantes que, considero, están siendo pasados por alto.
Prácticamente toda las críticas que he leído llevan una orientación monetaria, netamente materialista: todo se reduce a dar una estadística y una serie de datos acerca del número de horas de docencia de los profesores, la ratio de alumnos por clase, el gasto por alumno, el porcentaje del presupuesto, etc., quedando al final toda discusión reducida a quién gasta más en qué y quién ha recortado más y cómo.
La educación en España atraviesa una crisis, desde luego, aunque yo discrepo en que ésta sea causa del dinero en ella invertido. ¿Cuánto dinero se gasta hoy más que hace treinta años? ¿Acaso acaban los escolares sus estudios con más conocimientos y con mejor preparación para el mundo que les espera que entonces?
Una de las cuestiones que afectan a la educación es que hemos perdido de vista el fin que ésta persigue. ¿Cuál es el objetivo del sistema educativo? ¿Qué se persigue con él? El sistema educativo, o así lo estimo, no ha de ser una especie de terapia ocupaciones, un pasatiempo para las mañanas de los adolescentes, que es en lo que ha acabado por convertirse. La educación es la herramienta fundamental que tiene un país para generar ciudadanos, para otorgarles a éstos las capacidades y habilidades necesarias para, en un futuro, poder manejarse en la realidad por sí solos. El objetivo último de la educación es emancipar a su juventud, hacerlos libres en el futuro.
Pero, ¿estamos realmente en esa tesitura? Todo parece indicar que no. Resulta sorprendente que en una democracia no se den nociones básicas de Derecho y de sistema político a los que luego serán sus ciudadanos. ¿Cómo puede alguien formar parte plenamente de un sistema cuyo funcionamiento desconoce por completo? Ha de enseñarse qué es la libertad, qué es la democracia y qué mecanismos se tienen para ejercerla.
Es increíble que el único aprendizaje que se haga de la Constitución sea con motivo de su efeméride, y que éste, además, no sea una lección como tal, sino que se reduzca, en el mejor de los casos, a un recital de artículos, sin que nadie los diseccione, los explique, les de forma y les muestre su utilidad e importancia. ¿Cómo alguien va a ejercer sus derechos si no los conoce?
Para que España como nación prospere es necesario que prosperen sus ciudadanos. Para esto, es fundamental darles a ellos los elementos básicos, las herramientas básicas. La ignorancia política y jurídica sólo beneficia al poder. La preservación de la democracia pasa por el fomento de conciencias críticas y libres. Y uno de los lugares donde ello ha de llevarse a cabo con especial ahínco es en el seno del sistema educativo.
Por eso, hemos de exigir que la educación sea de calidad. Pero no nos confundamos: la calidad no se mide en dinero, sino en resultados. Y es ahí donde nos hemos desviado en los últimos años, donde hemos mirado hacia otro lado, arrastrados por la inercia de la euforia económica, relegando a secundario el contenido de la enseñanza, prefiriendo para nuestros hijos el aprobar al conocimiento, olvidándonos que educar significa, realmente, crear seres libres.
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19 mayo 2011
El Respeto a la Jornada de Reflexión
En vista de las manifestaciones que han empezado a tener en lugar en muchas ciudades de España a partir del pasado 15 de mayo, y ante la proximidad de unas elecciones municipales se plantea la siguiente cuestión: ¿han de seguir las manifestaciones, concentraciones o acampadas durante la jornada de reflexión y durante el día de las elecciones?
Mi opinión es que no, que al hacerlo, se estaría cometiendo el mismo error o despropósito que se denuncia: atropellar a la democracia, esto es, saltarse las reglas del juego, los procedimientos establecidos y las normas acordadas.
Si la jornada de reflexión tiene el objetivo de dejar que cada cual piense y medite sobre el sentido de su voto, no parece ni democrático ni ético intentar influir sobre el voto en ese día (aunque la influencia sea en sentido negativo, es decir, animando a no votar a ciertos partidos políticos). Si finalmente ocurriera, sería la segunda vez en menos de diez años que la jornada de reflexión se viera violentada.
Por ello, insisto, aunque el fondo de las manifestaciones sea del todo loable y sea necesario un cambio en la democracia española, creo que este cambio ha de hacerse por los cauces que hay para ello establecido, siendo uno de ellos la manifestación del domingo 15 de mayo. El respeto a la jornada de reflexión no es sino el respeto a la propia democracia.
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01 febrero 2011
Igualdad Estética
Hay una tendencia en la primera línea política a emplear el término igualdad en prácticamente todas las cuestiones de la vida pública. Quizás el más celebrado sea el de la igualdad de género que ha conseguido incluso meterse de lleno en el flamante Estatuto de Andalucía. La obsesión por la igualdad achaca ya no sólo a los políticos, sino incluso juristas, periodistas y sociólogos, debido, tal vez, a las últimas leyes de Igualdad.
Pero ¿qué se busca realmente con esta igualdad? Pues en vista de las aplicaciones que se prevén en la ley, parece que lo único que preocupa a nuestros legisladores y políticos es la “igualdad estética”, es decir, la búsqueda de la armonía numérica manejando la estadística y las cifras, esto es, la búsqueda de unos números que sean a la vista agradables independientemente de lo que haya detrás de ellos. Si repasamos con detenimiento las leyes, la igualdad se ha reducido simplemente a un número, en concreto, a que haya el mismo número de unos que de otros.
Así se lucha contra la discriminación de la mujer, según la mayoría de los políticos y los grupos feministas: haciendo que haya la misma cantidad de Consejeros varones que mujeres, exigiendo igualdad de número en las listas electorales de machos y hembras, forzando a que en los libros de texto escolares se hable igual número de veces de ellos que de ellas, etc. Como ven, al final lo que resulta es el mismo número de unos que de otros.
Yo, sin embargo, reniego de esta teoría cuantitativa sobre la igualdad. A mi entender, este método serviría únicamente si todas las personas fuéramos absolutamente iguales. Puesto que esto es falso, ya que cada cual es el resultado de una configuración genética donde entran en juego una cantidad incontable de variables, además de una cultura y una socialización diferente, éste método es, a mi parecer, inadecuado.
Cosa bien distinta es que todos, independientemente de nuestros genes, cultura, progenitores, lugar de nacimiento y clase social, entre otras, tengamos la misma posibilidad de acceder a lo mismo. Es decir, que independientemente de donde nazca y de quienes sean mis padres tenga la posibilidad (si así lo deseo) de tener título universitario, trabajo, manutención, vivienda y acceso a una sanidad de calidad. Igualdad de oportunidades, en definitiva. Pero no es esto lo que se ha buscado desde la legislación, sino la igualdad numérica respecto de una variable concreta: el sexo.
Lo que puede llegar a parecer la creación de estos cupos es el reconocimiento público (por parte de quien ha legislado y apoyado tal legislación) de inferioridad de la mujer. El hecho de crear cupos específicos de mujeres es similar al que tienen los discapacitados para el acceso a la Administración Pública o los extranjeros a las Universidades Públicas: es una forma de sugerir que tal vez no sean capaces de conseguirlo por sí solas, y que necesitan el apoyo de la Administración.
Si este fuera el medio de solución de todos los problemas de igualad, podrían hacer lo mismo con los inmigrantes, o con cualquier otro sector que el Gobierno desconsidere en inferioridad de oportunidades. ¿Por qué no hacer un cupo en las listas para discapacitados o para homosexuales? Sencillamente porque supondría violentar la libertad del electorado para elegir a sus representantes, cosa que sí se ha hecho respecto a la mujer con la inclusión forzosa de un número de ellas en las listas electorales.
Lo que resulta curioso de todo esto es que estas políticas de igualdad lleguen precisamente cuando la mujer más estaba accediendo a puestos de relevancia en la sociedad, cuándo, gracias al divorcio y la emancipación económica, estaba, ella sola, cambiando su situación. Lo no faltará, cuando finalmente esta generación igual y libre (insisto, no por la acción del Gobierno sino por el sino de los tiempos) sustituya completamente a su predecesora, es quien se cuelgue una medalla pensando y haciéndonos creer que el objetivo se logró gracias a estas leyes que, para mi gusto, son completamente propagandistas y populistas.
Me gustaría destacar también la inclusión por parte del nuevo Estatuto Andaluz de la necesidad de la realización de un estudio de “impacto de género” previo a todas las leyes y disposiciones normativas de la Comunidad Autónoma (artículo 114). En ningún apartado del Estatuto se menciona algo similar sobre un “impacto económico”, “impacto cultural”, “impacto moral” ni tan siquiera “impacto medioambiental” (tan de moda este último también) de ninguna política pública que haya de llevarse a cabo por parte de la Junta de Andalucía. Hasta qué punto se ha convertido esta igualdad estética en importante.
Por último, para hacer la crítica constructiva, propongo aquí una serie de políticas que sí que deberían llevarse a la práctica para la total igualdad de oportunidades de la mujer, esto es: equiparación de la baja paternal con la maternal (así será indistinto contratar a un hombre que a una mujer), ampliación de dicha baja, políticas de conciliación laboral (flexibilidad de horarios, trabajo desde casa, reducción de horas por hijos (fomento de la natalidad)) y creación de guarderías públicas.
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25 noviembre 2009
Reflexiones acerca del Tribunal Constitucional
Llevo poco en el “mundillo” jurídico y puede que esta opinión sea prematura, pero con ese poco que llevo visto, al derecho le encuentro cada vez más puntos en común con la estadística, en el sentido de que todo puede ser interpretado, todo puede ser leído de mil maneras y todo puede ser llevado al terreno que más a uno le convenga.
En estadística, si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, oficialmente ambos tenemos un coche de media. En el derecho sucede algo similar: resulta que eso que en su día fue (y que tanto se cita por parte de los políticos) verdad casi axiomática, infalible, racional y perfecta (la ley); deja totalmente abierta al juez o magistrado la veda de la interpretación. Esto puede chocarle a todo aquel que tenga un concepto de la ley como fuente directa del derecho. Pero la realidad va por otro lado. Al final, la ley no es la ley en sí misma, sino la interpretación que se hace de ella.
La jurisprudencia en España (las interpretaciones definitivas de las leyes, por decirlo de alguna manera) la sientan dos órganos: el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Cuando hablamos del segundo de ellos se nos viene siempre a la cabeza la defensa de los derechos fundamentales: la libertad de expresión, la de reunión, la de circulación, etc. Pero resulta que el Tribunal Constitucional no sólo resuelve sobre temas concernientes a los individuos y a las personas físicas, sino que tiene la gran responsabilidad de dictar sentencias acerca de la configuración del Estado, ya que es la Constitución donde se “constituye” el estado.
El Tribunal Constitucional es, por tanto, un tribunal político, en el sentido de que las sentencias de este órgano trascienden en la política y organización del estado. La próxima sentencia del Estatuto de Cataluña configurará, para bien o para mal, España, al igual que lo han hecho todas y cada una de las anteriores. Esto se debe a que lo que el Tribunal Constitucional interprete se convertirá en la única lectura válida (a nivel jurídico) de la Constitución.
Precisamente porque el Tribunal Constitucional es un órgano de vital importancia para un Estado, chirría el hecho de que sea el Parlamento el que, directa e indirectamente, elija a sus miembros. ¿No se supone que este país se rige por una división de poderes? ¿Cómo es posible que el mayor órgano de un poder (judicial) sea elegido por otro (legislativo)?
Hay ciertos aspectos de la democracia que hay aún que incluir o mejorar en España si pretendemos una verdadera democracia, como por ejemplo la participación ciudadana. Pero ¿cómo vamos a aspirar a tener una democracia avanzada, que supone una evolución del Estado, si los principios básicos, aquellos que ya se consolidaron en aquel Estado Liberal del siglo XVIII (separación de poderes), no los tenemos aún instaurados?
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29 octubre 2009
Lenguaje Redundante
O también llamado “lenguaje no sexista”. Se trata del fenómeno lingüístico consistente en un continuo acompañamiento, como si no se presupusiera, del género femenino en cualquier sustantivo o adjetivo de género masculino. Por ejemplo decir “los alumnos y las alumnas del centro…” en vez de “los alumnos del centro”, como si alguien con una capacidad intelectual media no dedujera que la expresión “los alumnos del centro” va dirigida a todo aquel “discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia” independientemente de su sexo.
Se trata pues, a mi entender, de una manera más de transformar la realidad, o más bien las percepciones que los individuos tienen de ésta, a costa del lenguaje. Es una manera de vender una realidad aún no existente y que muchas veces no llega nunca a establecerse. Se pretende en este país conseguir la igualdad a través de las palabras antes que de los hechos. Parece que fuera preferible tener una “sala para empleados y empleadas” que equiparar los sueldos entre ambos sexos. Se prefiere vivir en la ilusión del lenguaje antes que bajar a la cruda realidad.
El problema de este lenguaje redundante, que a priori puede parecer inocuo, surge cuando los cambios en el lenguaje no van acompañados de cambios reales de igualdad. Cuando se cree que por repetir como loros los dos géneros de cada sustantivo, que aparte de demostrar que sabemos concordar géneros en castellano no sirve para nada, cambia la realidad cuando en realidad no es así, sino que seguimos en la misma igualdad (o desigualdad, según como se mire) que antes. Cuando los verdaderos problemas siguen siendo problemas.
A los que creemos en las acciones más que en las palabras y a los que hemos estudiado durante el instituto a conciencia la lengua castellana, esta nueva moda del lenguaje redundante (disfrazado de igualitario) nos choca de frente. Por más que se repita “padres y madres” en los nombres de las asociaciones escolares, si después llega uno a las reuniones y ve que la proporción de asistencia es de ochenta por ciento para los varones y veinte para las mujeres, no sirve para nada.
Propongo una fórmula para todos aquellos redundantes: cambien la realidad, para que así, de manera natural, el lenguaje se amolde a esta realidad, como ya ha pasado con palabras como “jueza”, “médica” o “bombera”, asimiladas después de la inserción de la mujer a estas profesiones. Palabras que hasta hace unos años no existían en el castellano y hoy son parte asimilada de la lengua.
Por favor, no empobrezcan la lengua con redundancias vacías que no aportan nada al significado de las frases ya que todo el mundo las entiende sin redundancias.
Desde la ignorancia, y probablemente violando nuestra libertad opinión al acusarnos, a todos los que defendemos la lengua castellana con sus normas actuales y no comulgamos con este nuevo lenguaje redundante se nos llama machistas. Pido por favor que en el momento en que yo minusvalore a una persona por ser mujer, o discrimine a alguien por su condición de mujer, o agreda físicamente a una mujer; entonces, y sólo entonces, llámenme machista.
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10 octubre 2009
Premio Nobel a las Buenas Intenciones
Siempre he tenido un respeto y admiración por aquellos galardonados con el Premio Nobel, en cualquiera de sus disciplinas. Premiar a aquellas personas que trabajan en pro del conocimiento y de la Humanidad es algo loable a la vez que necesario. Aunque es cierto que nunca llueve a gusto de todos, hay ciertas cosas, que en mi opinión, claman al cielo. Un ejemplo es la reciente adjudicación del Premio Nobel de la Paz a Barack Obama.
Ya la Academia sueca hizo un amago con aquel premio a Al Gore, cuyo mérito fue lucrarse a través de conferencias y de un documental acerca del cambio climático. Mucha información, mucha palabra (sin entrar en el debate de si son ciertas o no), pero pocos hechos. El Premio Nobel es el premio a los hechos por antonomasia. ¿Cómo se le ha podido dar a una persona que lleva sólo nueve meses en su cargo?
Buenas intenciones, justifican. Buenas intenciones tenemos todos. Cualquiera puede ser, por ende, Premio Nobel de la Paz.
La excesiva propaganda a favor del señor Obama ha llevado a esto. Parece que fuera el Mesías, el salvador del mundo, el hombre que va a acabar con las guerras, con el hambre y con el sufrimiento del planeta. Pero la realidad es que este hombre, aparte de discursos, está haciendo poco, por ahora.
Al igual que me parece bochornoso otorgar el Príncipe de Asturias del Deporte a personas en activo (mejor sería el reconocimiento a toda una trayectoria profesional y no a un buen año), me parece absurdo y des-prestigioso este nuevo Nobel de las Intenciones, habiendo como hay, tantos hechos y tantas personas a quienes otorgar el verdadero Premio Nobel de la Paz, como puede ser, por ejemplo, el recién fallecido Vicente Ferrer.
Me temo que la propaganda en masa está allanando hasta los cerebros de los académicos del premio más prestigioso del mundo. Espero que este “lapsus” sólo afecte a la disciplina de la Paz, porque si no, el siguiente Nobel de Medicina estará reservado a aquel o aquellos que propaguen (o hayan propagado) la Gripe A, por haber fomentado a su vez una vacuna eficiente contra la misma.
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